El 6 de noviembre de 2026, el Senado aprobó la enmienda al Código de Ejecución Penal, que amplía el alcance del Sistema de Supervisión Electrónica (SDE). La ley, preparada en el Ministerio de Justicia, permite a un mayor número de condenados cumplir la parte final de su pena privativa de libertad fuera de las instalaciones penitenciarias. El objetivo principal de la reforma es aliviar la infraestructura penitenciaria, reducir los gastos públicos y aumentar la eficacia del proceso de resocialización, permitiendo que los condenados mantengan contacto con su familia y su entorno profesional.

Cambio en los límites de tiempo y costos

El cambio clave introducido por la enmienda es la extensión del límite de tiempo para las personas condenadas a penas de menos de tres años. Hasta ahora, la posibilidad de solicitar el SDE abarcaba los casos en los que quedaba un máximo de seis meses para el final de la pena. Según las nuevas disposiciones, este umbral se eleva a un año y seis meses. Las personas condenadas a penas que no superen un año y seis meses conservan, sin embargo, el derecho a solicitar el cumplimiento de toda la pena bajo el sistema de supervisión electrónica, lo cual permanece sin cambios.

La justificación económica de la reforma se basa en las importantes diferencias en los costes de mantenimiento de los condenados. Los datos de 2025 indican que el coste medio mensual de alojamiento de una persona en un establecimiento penitenciario era de 6929,98 PLN. En comparación, el coste mensual de ejecución de la pena mediante el SDE es de aproximadamente 1511,40 PLN. Gracias a ello, un mayor uso del sistema permitirá una reducción significativa de los gastos del presupuesto estatal, que, en concepto de ahorro, pueden destinarse a otros ámbitos, como la prevención o la educación.

Mecanismo de funcionamiento y estadísticas

El Sistema de Supervisión Electrónica funciona en Polonia desde septiembre de 2009. Según los datos a fecha del 6 de noviembre de 2026, 5647 personas están cumpliendo condena mediante el SDE. Desde su puesta en marcha, el sistema ha cubierto a un total de 232.575 condenados. El mecanismo se basa en el control electrónico mediante transmisores y dispositivos de monitorización. El condenado está obligado a permanecer en un lugar determinado, generalmente en su propia vivienda, con la posibilidad de abandonarla en horas designadas, por ejemplo, para trabajar, estudiar o cumplir con obligaciones familiares.

La ampliación del sistema no significa el envío automático de los presos a la libertad. En cada caso, la decisión la toma el tribunal penitenciario o la comisión penitenciaria, teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones legales. Entre los criterios considerados están: la posesión de una residencia permanente, la posibilidad de instalación técnica de los dispositivos, el consentimiento de los coinquilinos (en el caso de adultos) y la conducta previa del condenado. Esta solución tiene carácter excepcional y no estándar, lo que garantiza la supervisión adecuada.

Exclusiones y entrada en vigor de las disposiciones

La ley introduce también exclusiones claras. El SDE no puede ser utilizado, entre otros, por los reincidentes múltiples y por los autores de delitos profesionales y organizados. Los condenados no pagan tasas por presentar la solicitud ni por la propia ejecución de la pena mediante el sistema electrónico.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor transcurridos seis meses desde la fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial (Dziennik Ustaw). La Ministra Adjunta de Justicia, Maria Ejchart, subrayaba que el sistema penal debe ser justo, pero también proporcionado. Mantener al condenado en contacto con la sociedad, a la vez que se le imponen obligaciones y controles, debe limitar las consecuencias negativas del aislamiento y reducir el riesgo de reincidencia.