El 6 de noviembre de 2026, el Senado aprobó una ley cuyo objetivo es restablecer el derecho a un tribunal independiente e imparcial. El proyecto, preparado por el ministerio de justicia, tiene como objetivo ordenar la situación legal de los jueces nombrados por el llamado neoKRS en el período de 2018 a 2025, así como limitar el riesgo de futuras pérdidas financieras para el presupuesto del estado.

Dimensión del problema legal

Según las fuentes, el caos legal existente afectaba a todos los niveles de los tribunales ordinarios y especiales. El estatus de los jueces nombrados de forma inconstitucional abarcaba al 28 % del personal en los tribunales distritales, provinciales y de apelación. En el Tribunal Supremo Administrativo, este problema afectaba al 34 % de los jueces, mientras que en el Tribunal Supremo de Polonia - llegaba al 60 % de su composición deliberante. Esta situación generaba una incertidumbre procesal a largo plazo y costes sociales y financieros crecientes, que afectaban directamente a los ciudadanos y a las finanzas públicas.

Las consecuencias legales de estas medidas también se hacían notar en el ámbito internacional. La puesta en cuestión de la legalidad de las sentencias por las partes en los procesos y por los tribunales internacionales conllevaba el riesgo de su anulación. Hasta el momento de la aprobación de la ley, el Tesoro del Estado había pagado más de 5,5 millones de PLN en indemnizaciones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, de los fondos europeos se descontaron casi 3.000 millones de PLN a título de sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cambios clave en la normativa

La ley prevé una serie de mecanismos destinados a estabilizar el sistema de justicia. En primer lugar, garantiza que las sentencias emitidas hasta la fecha siguen vigentes. La excepción son aquellos casos en los que su legalidad fue cuestionada de manera constante durante el procedimiento. Esta disposición tiene como objetivo garantizar la estabilidad del tráfico jurídico y proteger a los ciudadanos de la exposición accidental a la reapertura de asuntos ya cerrados.

Las nuevas normas también están destinadas a agilizar los procesos judiciales. La regularización del estatus de los jueces eliminará el fenómeno de las solicitudes masivas de recusación de jueces en las audiencias, lo cual retrasaba anteriormente la tramitación de los casos. Se han introducido además principios transparentes para las nuevas convocatorias legales para puestos judiciales. Según la fuente, la gran mayoría de los jueces actuales podrán continuar con su trabajo y optar por promociones tras superar un procedimiento de verificación conforme a la ley.

La reforma incluye también un cambio en la estructura de los tribunales supremos. La ley suprime la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, elimina la institución de la queja extraordinaria, reforzando en su lugar la institución de la revisión de casación. En el documento también se regularon el estatus de la Sala de Responsabilidad Profesional del TS.

Procedimientos posteriores

La aprobación de la ley por el Senado marca la etapa final de los trabajos legislativos en el parlamento. Ahora el documento será remitido para la firma del Presidente. Las nuevas disposiciones, que ajustan los procedimientos polacos a los estándares constitucionales e internacionales, tienen como objetivo detener la fuga continua de fondos públicos destinados a indemnizaciones y sanciones financieras.